
La
lucha imprescindible por los Derechos Humanos
María
Luisa Mendonça
Después
de la Segunda Guerra Mundial, hubo avances significativos
en relación a los mecanismos internacionales de protección
a los derechos humanos, con la elaboración de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de pactos y protocolos
internacionales en defensa de esos derechos. A pesar de eso,
continuamos presenciando serias violaciones, como en el caso
de las dictaduras militares en América Latina. Incluso
después del período de democratización
en los países latinoamericanos, constatamos la permanencia
de todo tipo de violaciones a los derechos políticos,
civiles, económicos, sociales y culturales. Esas violaciones
tienen origen en el proceso de colonización de nuestros
pueblos, y se mantienen hasta hoy a través de las desigualdades
económicas y, cuando necesario, de la intervención
militar.
Las
políticas neoliberales implementadas en los países
del Hemisferio Sur han generado desempleo, exclusión
social y violencia. Hoy, 36% de los latinoamericanos, o 220
millones de personas, viven abajo del nivel de la pobreza.
La política de intereses altos y salarios congelados
profundiza la desigualdad social. En Brasil, el 50% de la
población más pobre tiene el 14% de la renta
y el 1% de los más ricos posee el 13% de la renta del
país. Se estima que 32 millones de personas pasan hambre
y 300 mil niños mueren de desnutrición por año
en Brasil.
Actualmente,
una de las principales preocupaciones de los movimientos sociales
latinoamericanos es la lucha contra el ALCA (Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas). Ese acuerdo comercial es
un proyecto estratégico para el gobierno estadounidense,
que pretende ganar acceso a un enorme mercado. Las principales
críticas al ALCA se refieren justamente al poder de
dominación de los Estados Unidos en América
Latina, comenzando por su Producto Interno Bruto (PIB), que
representa el 71% de todo el continente. Además de
la dimensión económica, las disparidades entre
Estados Unidos y los países latinoamericanos engloban
las escalas de producción, las diferencias tecnológicas,
de infraestructura y el poder militar.
Los
efectos del ALCA pueden ser proyectados si imaginamos la profundización
del modelo neoliberal, de la dependencia del crédito
externo, del endeudamiento, de la especulación cambiaria,
de la quiebra de la industria nacional, de las pérdidas
en la balanza comercial y, consecuentemente, de la exclusión
social. En verdad, acuerdos comerciales como el ALCA y el
TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)
hieren diversos Pactos y Convenciones internacionales de derechos
humanos, referentes, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores,
de los niños y de los pueblos indígenas.
Después
del período de las dictaduras militares en América
Latina, el concepto de derechos humanos pasó a incluir
derechos económicos, sociales y culturales. Las actuales
Constituciones de la mayoría de los países latinoamericanos
contienen principios que subordinan actividades económicas
privadas a los derechos sociales. Además de eso, muchos
de los países ratificaron el Pacto Internacional sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sin
embargo, la realidad de los pueblos latinoamericanos es muy
diferente. El deterioro económico ha generado mayor
represión a los movimientos sociales. En Brasil, esa
represión ha alcanzado principalmente al movimiento
indígena, a los trabajadores del sector público,
a los estudiantes y a los campesinos -en particular al Movimiento
Sin Tierra (MST).
Los
trabajadores sin tierra han sido blanco de diferentes formas
de represión, como prisiones arbitrarias, amenazas
de muerte y asesinatos. La Comisión Pastoral de la
Tierra documentó 23 casos de asesinatos de trabajadores
rurales, de enero a septiembre de 2001. Además de eso,
se registraron ocho asesinatos en el Sur del estado de Pará,
de septiembre a noviembre. De abril a julio, 126 agricultores
sufrieron prisiones arbitrarias -el mayor promedio histórico.
Los
conflictos de tierra también son comunes en territorios
indígenas. De acuerdo con el Consejo Indigenista Misionero
(CIMI), hasta el 31 de julio de 2001, 442 áreas indígenas
permanecían sin demarcación. De enero a septiembre
de 2001, el CIMI registró nueve casos de asesinatos
de indígenas en el país, de los cuales por lo
menos tres fueron atribuidos a policías militares.
La
actual crisis energética, causada por la privatización
del sector, agravó los conflictos en áreas indígenas.
El año pasado, el gobierno brasileño aprobó
la Medida Provisoria 2147, que establece un plazo de apenas
seis meses para la autorización de la construcción
de represas. La mayoría de esos proyectos está
localizada en la región amazónica y cuenta con
el financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo. Solamente en el río Xingu está
prevista la construcción de seis represas, inclusive
en territorios indígenas. Una de ellas, la Belo Monte,
puede llegar a ser la segunda mayor represa del mundo. Además
de eso, existen 14 obras previstas en los ríos Tocantins
y Araguaia.
La
remoción forzada amenaza también comunidades
rurales de los quilombos en Alcântara, en el estado
de Maranhão, como consecuencia de la instalación
de una base de lanzamiento de cohetes. Organizaciones locales,
como el Sindicato de Trabajadores rurales de Alcântara,
el centro de Cultura Negra de Maranhão y la Sociedad
Maranhense de Derechos Humanos alertan sobre la destrucción
del territorio étnico de Alcântara, en caso de
que el gobierno brasileño establezca un acuerdo de
utilización de la base por el gobierno de los Estados
Unidos. Ese acuerdo prevé el desplazamiento de decenas
de poblados remanentes de quilombos. La ocupación de
la base de Alcântara hace parte de la estrategia de
militarización impuesta por los Estados Unidos en América
Latina, a través del Plan Colombia.
La
implementación del Plan Colombia, con un presupuesto
de 1.300 millones de dólares, fue justificada por el
gobierno y por el Congreso de los Estados Unidos como una
forma de combatir el narcotráfico. Pero el presidente
George W. Bush y sus representantes ya hablaban abiertamente
de la necesidad de combatir la guerrilla y el terrorismo.
Ese discurso estimuló el fin del proceso de paz y,
a partir del día 20 de febrero, el ejército
colombiano pasó a bombardear la zona controlada por
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Con
esa ofensiva, el gobierno colombiano llevó a la guerrilla
a actuar en otras áreas del país. Al mismo tiempo,
la suspensión de las negociaciones de paz abrió
camino para la intensificación de las acciones de grupos
paramilitares, que han sido responsables de cerca del 80%
de las masacres y asesinatos contra civiles. Solamente el
año pasado se registraron más de 400 masacres
en Colombia. Durante la última década, fueron
asesinados cerca de 3.100 líderes sindicales y más
de 2.400 representantes de organizaciones campesinas.
El
Plan Colombia ha causado el aumento de la represión
contra trabajadores rurales y urbanos y contra organizaciones
de derechos humanos, además de la creciente destrucción
de la selva amazónica y de la migración masiva
de la población campesina e indígena. Hoy, el
número de refugiados internos en Colombia llega a aproximadamente
dos millones de personas.
El
aparato militar patrocinado por el Plan Colombia facilita
la implementación de megaproyectos hidroeléctricos,
petrolíferos y de minería, causando la destrucción
de la selva y de comunidades indígenas. Además
de eso, más de un millón de hectáreas
de la selva colombiana ya fueron contaminadas por agentes
químicos, bajo el pretexto de combatir el cultivo de
coca. Esa contaminación también ha llegado a
países vecinos, con serias consecuencias para toda
la región.
Otros
aspectos del diagnóstico sobre violaciones de los derechos
humanos se refieren a la masificación de la cultura
y a la diseminación del llamado "pensamiento único",
según el cual no existen alternativas para el modelo
económico neoliberal. Por esa razón, uno de
los principales desafíos de los movimientos sociales
es la construcción de alternativas y de espacios de
participación popular.
El
neoliberalismo creó nuevas instituciones violadoras
de los derechos humanos. Por lo tanto, la articulación
de las luchas a nivel internacional es fundamental en el combate
a la opresión y a la desigualdad. Es en ese sentido,
que diversas redes internacionales presentes en el Foro Social
Mundial establecieron algunos principios básicos, como
la defensa de la autodeterminación de los pueblos;
la lucha contra el terrorismo económico y la dominación
de organizaciones financieras internacionales, como el FMI
y el Banco Mundial, y la cancelación de la deuda externa.
A
pesar del fin de las dictaduras militares en América
Latina, muchas organizaciones entienden que la verdadera democracia
no es solamente el derecho al voto. Es preciso rescatar los
valores universales de la primacía de los derechos
humanos y de la dignidad. En una sociedad democrática,
es preciso universalizar el derecho a la salud, al trabajo,
a la educación, a la vivienda, y a todos los elementos
necesarios para la construcción del futuro. Los movimientos
sociales deben ser protagonistas y constructores de su propia
historia.
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María Luisa Mendonça, periodista brasileña,
es directora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos
y miembro del Comité Organizador del Foro Social Mundial.
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