5. Brasil

Foto: Dirce Ostroski

Población: 169.79 millones de personas (2000)
Extensión geográfica: 8,514,204 Km2
Forma de gobierno: república presidencial

Brasil tiene una producción agrícola de aproximadamente 90 millones de toneladas de granos por año. El Censo Agropecuario de 1996, realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), constató que las tierras en descanso (hasta cuatro años sin ser utilizadas) suman cerca de 25 millones de hectáreas, o sea alrededor del 60% del área total detectada como tierras laborales permanentes.

El país posee una de las más perversas y concentradoras estructuras latifundistas del mundo, ostentando un índice de Gini próximo a 0.9. Ese índice, acerca de la concentración absoluta, es resultado de un modelo agrícola y agrario excluyente, exacerbado a partir de los años sesenta y setenta por la implementación de la Revolución Verde.

De acuerdo con los datos del Censo de 1996, el número de los establecimientos agrícolas del país es de 4.8 millones y el área ocupada corresponde a 353.6 millones de hectáreas. De ese total de establecimientos, los minifundios (áreas menores a una unidad fiscal) y las propiedades con menos de 100 hectáreas representaban 89.1% del total de establecimientos y ocupaban una área que corresponde al 20% del total del área ocupada.

En el otro extremo de la estructura de la propiedad de la tierra, las grandes propiedades (arriba de 1,000 hectáreas) constituyen apenas 1% del total de los inmuebles, ocupando el 45% del total del área catastrada. En este extremo de la estructura de la tenencia de la tierra se destaca la presencia de más de 35,000 inmuebles considerados latifundios improductivos. Ese numero corresponde al 1% del total de los establecimientos ocupando un área de 166 millones de hectáreas.

Los datos de estructura de la tenencia de la tierra demuestran que en 1970 los establecimientos con menos de 100 hectáreas representaban 90.8% de los establecimientos totales, detentando el 23.5% del área. En el Censo de 1996, el número de esos establecimientos experimentaron un decline a 89.3%, acompañada de la reducción de área al 20% del área total. En contraposición, los establecimientos con extensiones arriba de las mil hectáreas representaban, en 1970, el 0.7% del total y abarcaban el 39.5% del área total. En 1996, pasaron a representar el 1% del numero total de establecimientos y acumular el 45% del área total.

El Neoliberalismo en el campo

En el inicio de su segundo mandato en 1998, el gobierno de Fernando Enrique Cardoso inauguró una "nueva política agraria" denominada Nuevo Mundo Rural. Esa política estaba centrada en tres cuestiones claves que materializaron una ruptura de la relación entre el discurso y la práctica del primer período del gobierno de Cardoso.

La primer diferencia es la reducción de la política agraria en una simple política compensatoria. Siguiendo la lógica de los organismos internacionales, especialmente el Banco Mundial, la reforma agraria se transformó en un instrumento para aliviar o combatir la pobreza rural. La democratización del acceso a la tierra es tratada como un medio, única y exclusivamente, para amenizar los problemas sociales del campo, especialmente el "alivio a la pobreza." La democratización de la propiedad de la tierra no es vista como una forma de distribuir activos y posibilitar innovaciones en el modelo de desarrollo (ni aun cuando la pobreza extrema es vista como un obstáculo para el actual modelo de desarrollo).

El segundo elemento importante es la descentralización de todas las acciones agrarias. Esa propuesta es una cuestión fundamental en los rumbos de la actual política agraria en proceso de implantación, representando un proceso de "desfederalizacion" porque delega atribuciones exclusivas del gobierno federal. Todos los programas, proyectos y propuestas de políticas para el sector agrario toman como referencia la necesidad de descentralizar las acciones, estableciendo una relación entre descentralización, democratización y eficiencia.

Esa descentralización, en tanto, no significa democratización y mayor participación de las personas y familias directamente interesadas. Representan una delegación de poderes hacia los estados y municipios, más próximos y más susceptibles a la influencia política de la oligarquía (todavía con poderes políticos sobre amplios sectores del estado). La descentralización, por tanto, en lugar de ser una solución (mayor eficiencia y agilidad) es una forma de inviabilizar las acciones de reforma agraria.

Programas y proyectos como la Cédula de Tierra, Banco de Tierra y Crédito de Tierra son mecanismos que permiten consolidar esa "desfederalización" o descentralización, provocando la reducción y la destrucción de la reforma agraria. Esos programas permiten transferir la responsabilidad, no hacia los estados y municipio, sino al mercado, y más específicamente hacia los latifundistas. Consecuentemente, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), pierde su función justificando recortes en el presupuesto y recortes en los gastos, reforzando el modelo de reducción del estado y privatización de sus responsabilidades.

El tercer elemento constitutivo del Nuevo Mundo Rural es la mercantilización de las demandas históricas de los trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra. Esa mercantilización asume diversas formas, mas la implantación de la así llamada "reforma agraria de mercado" es el referencial más explicito de esa propuesta.

Esas características están de acuerdo con las directrices y políticas establecidas por el Banco Mundial para los programas de "alivio a la pobreza", el cual no se restringe a la reforma agraria de mercado, sino que "propone" una serie de cambios (inclusive la descentralización) como receta para promover el desarrollo económico del país

Las políticas del Banco Mundial

El Programa Cédula de Tierra, resultó de una colaboración entre el Gobierno Federal y el Banco Mundial a través del Acuerdo de Préstamos 4147-BR. Concebido inicialmente para ser un proyecto piloto, el Cédula fue anunciado oficialmente en 1996, y se implementó en el año siguiente en cinco estado de la región del Nordeste: Ceará, Maranhão, Pernambuco, Bahía y norte de Minas Gerais. La implementación en estos estados ha sido justificada por la enorme concentración de pobreza en el nordeste del país.

El programa Cédula de Tierra consistió básicamente en la creación de una línea de crédito para la compra de tierras por trabajadores sin tierra a los minifundistas. Los trabajadores se reunían en asociaciones, legalmente constituidas, las cuales serían responsables directamente de negociar la compra con los propietarios. Las asociaciones deberían indicar la tierra que sería adquirida mediante el financiamiento dispuesto por el Banco, el cual, después de aprobado el proyecto por la unidad técnica estatal, pagaba directamente al propietario.

Así concebido para ser un proyecto piloto, ya en 1999 (antes de cualquier tipo de evaluación), el gobierno brasileño creo el Banco de Tierra, con los mismo moldes de la Cédula. A pesar de la promesa de apoyo a ese nuevo proyecto, el Banco Mundial decidió financiar la implantación del Crédito de Tierra (un tercer proyecto creado en 2001). Ese cambio fue un reflejo de las presiones y críticas recibidas de los movimientos populares y ONGs nacionales e internacionales. El Crédito de Tierra, en tanto, tuvo las mismas características y objetivos de Cédula y de Banco de Tierra, constituyéndose apenas en un cambio de nombres que mantienen la propuesta y los recursos del Banco Mundial en Brasil.

El Cédula de la Tierra es concebido e implementado a partir de reglas del mercado, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de tierras. Eso significa que el proyecto sólo puede adquirir áreas que están en venta. Además de que el mercado de tierra en Brasil es incipiente, la poca disponibilidad de recursos fuerza la adquisición de áreas más baratas y de baja calidad. No es el precio de mercado de las tierras que es reducido por el proceso de negociación (capacidad y poder de negociación de los compradores), sino la baja oferta y la falta de recursos la que fuerza la adquisición de áreas más baratas, distantes del mercado y de baja fertilidad.

El límite de recursos para la compra de áreas es uno de los problemas en el proceso de compra. Ese límite lleva a la implementación de los proyectos en regiones menos dinámicas con tierras menos valorizadas, débiles y con serias limitaciones de producción. Esas limitaciones se reflejan directamente en la capacidad productiva y condiciones para cumplir compromisos asumidos, como por ejemplo en el mismo pago de la tierra.

Las familias tuvieron poca o ninguna influencia en las decisiones sobre la selección de las áreas a comprar y en el proceso de negociación. En general, esa negociación es hecha por los órganos gubernamentales responsables que deciden, en ultima instancia, los rumbos del negocio, inclusive a partir de los límites de los recursos.

La posición de los movimiento sociales.

Los movimientos populares hacen duras críticas a la propuesta del Banco Mundial de "reforma agraria de mercado." Esas criticas tienen como base diferentes perspectivas, las cuales van desde cuestionamientos sobre la capacidad del mercado en democratizar la propiedad de la tierra hasta dudas sobre los objetivos reales de ese tipo de proyecto.

De acuerdo con esas criticas, en el Cédula hay una tentativa de retirar la dimensión ideológica y política de una reforma agraria en Brasil. El mecanismo de compra y venta sirve para retirar el carácter conflictivo de la lucha por la tierra y para aislar a los movimientos y entidades agrarias que luchan por una amplia reforma agraria.

De acuerdo con el Banco Mundial, ese programa debería permitir la "pacificación" del campo. En ves de conflictos (ocupaciones de tierras y demandas por reforma agraria) las familias deberían negociar, pacífica y directamente, la compra y venta de tierra con los latifundistas. Éstos últimos por su lado, tenían interés en el programa porque recibirían dinero (y no títulos descontables en 20 años) por sus tierras improductivas.

Aunado a esto, los proyectos Cédula de Tierra, Banco de Tierra y Crédito de Tierra, sirvieron como auxiliares en los procesos de descentralización. Hay un esfuerzo para transferir los costos financieros y políticos de la reforma agraria hacia los estados y municipios. En esta lógica, el Cédula fue implementado por los estados y los costos trasladados a las propias familias sin tierra. Esa es una de las contribuciones del Ministerio de Desarrollo Agrario para el esfuerzo fiscal. La disminución de gastos han resultado también en el desmantelamiento del INCRA que deja de tener atribuciones frente al mercado de tierras.

Los recursos del programa de Cédula han servido como un instrumento de desarticulación de las bases de la entidades y movimientos populares agrarios que luchan por la tierra. La disponibilidad de recursos para la compra de tierra -asociado al discurso de una reforma agraria pacífica, sin necesidad de ocupar las tierras- sirve para desmovilizar a las personas que desean un pedazo de suelo para trabajar. Esa desarticulación tendrá continuidad a través de la implantación del Banco de Tierra y de Crédito de Tierra, también financiados con recursos del Banco Mundial.

6. Colombia

7. Guatemala

8. India

9. México

10. Tailandia

11. Zimbabwe

12. Las políticas de la Vía Campesina

13. Bibliografia

14. Expediente